La familia Ochoa se compone casi en su totalidad por paramédicos que luchan a diario por ser los primeros en responder a la llamada de los pacientes que necesitan asistencia médica tras sufrir un accidente. En una ciudad en la que el gobierno sólo cuenta con 45 ambulancias para una población de más de 9 millones de habitantes, la labor de la familia se torna imprescindible, aunque no cuenta con ningún tipo de ayuda ni reconocimiento por parte del Estado. Esto implica que, con cierta frecuencia, los conductores de las ambulancias tienen que someterse a una serie de contratiempos que han de solventar de manera ilícita, ya sea a través de sobornos a las autoridades o mediante prácticas poco éticas que afectan directamente al bolsillo de los propios accidentados.